Con el fin de diseñar un sistema que facilite a todos los sectores implicados el cumplimiento de la nueva legislación, el pasado 25 de abril se constituyó la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (Sigrauto), que agrupa a fabricantes, importadores, desguazadores y recicladores.

Juan Antonio Moral, presidente de Sigrauto, ha anunciado a EL MUNDO que la entrada en vigor de la nueva ley acelerará la creación de una red de centros homologados para el reciclaje y achatarramiento de los vehículos. Actualmente hay censadas en España unas 1.080 empresas dedicadas a esta actividad, pero se estima que el número de puntos que recogen coches desguazados sin control puede llegar a 3.000.

Nuevas exigencias

Con la nueva ley, en muy poco tiempo se reducirán a 500 empresas homologadas, de las que unas 180 tienen ya esa certificación.El resto deberán hacer unas inversiones que oscilan entre los 120.000 y los 300.000 euros para cumplir las nuevas exigencias.

Otra novedad que incorpora esta ley es la obligación de disponer de un certificado de destrucción controlada del vehículo para que pueda ser dado de baja, que entrega la Dirección General de Tráfico (DGT). Sigrauto negocia actualmente con la DGT que ese certificado pueda obtenerse de forma automática, al entregar el vehículo en un centro homologado o en cualquier concesionario de automóviles, para facilitar su baja al propietario.

A diferencia de otros países comunitarios, en España todavía se obtiene rentabilidad del achatarramiento de vehículos, al existir un importante mercado de piezas usadas y una fuerte demanda de chatarra para la producción de acero.

Sigrauto se ha marcado como objetivo mantener esa rentabilidad, ya que la nueva ley exige que, a partir de 2007, sean los fabricantes los que asuman el coste del reciclado de todos sus vehículos.Esta medida supondrá los éstos asumir el coste del achatarramiento de unos siete millones de coches de los que actualmente circulan en España. «En algunos países de la UE, los auditores están obligando ya a las empresas a aprovisionar el coste que supondrá el futuro achatarramiento de los coches, pero creemos que en España podremos mantener la rentabilidad», explicó Moral. De no conseguir este objetivo, los fabricantes podrían empezar a incluir en el precio de los vehículos el coste de su desaparición al final de la vida útil.

Actualmente el precio de un coche para desguazar es de unos 100 euros, una cantidad similar a la que cuestan los procesos de descontaminación, compactación y fragmentación."

Fuente: www.elmundo.es

Fecha publicación: 11/01/2003