En descampados, fincas aisladas o en bajos con las persianas bajadas que se abren sin cesar para que entren y salgan coches. Los talleres clandestinos para reparar vehículos se han disparado en la Comunitat Valenciana auspiciados por la crisis económica. Captan a los clientes a través del boca a boca e incluso recorren polígonos industriales ofreciendo sus servicios. Su reclamo: precios más económicos.

La proliferación de estos negocios ilegales de automoción es clara. En la actualidad hay 4.000 talleres legales en la Comunitat. Y se estima que la cifra de irregulares se sitúa ya en 600. Desde la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante apuntan que estos establecimientos han crecido un 25% y que el «15% del total ya son ilegales». Un porcentaje que también se cumple en el resto de la Comunitat.

«Se trata de instalaciones que no cuentan con las condiciones mínimas de garantía y son competencia desleal, generan economía sumergida y también pueden crearles problemas para los conductores que les confían sus vehículos», alertan desde la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana.

Estos negocios fraudulentos son una puñalada casi mortal para los talleres oficiales. «La mayoría tienen que despedir a sus empleados y sobrevivir con un único mecánico. Esta actividad ilegal está perjudicando tanto a los independientes como a los marquistas, es decir, a las casas de marcas oficiales», explican las mismas fuentes.

Además, desde la asociación advierten de que reparar un turismo en estos centros puede generar un problema de seguridad vial. «Nadie te garantiza que los recambios sean buenos. Por ejemplo, el cambio de unos neumáticos que no están en perfectas condiciones puede causar un accidente», explican.

Pese a esta realidad, muy pocos profesionales se atreven a denunciar. Por ello, cuentan con un boletín de denuncia en el que aparecen sus nombres en lugar del de la persona que pone la voz de alerta. El sector pide mayor implicación de las administraciones.

Pero la crisis también deja otro fenómeno llamativo. El de los propietarios de vehículos que los llevan al taller y luego no los recogen porque no pueden hacer frente al coste del arreglo o porque no les compensa ya reparar su viejo utilitario. «Esto ha existido siempre aunque la situación económica lo ha agudizado. Son casos de personas que dejan su coche en el taller, se quedan sin trabajo y no pueden pagarlo», ejemplifica Juan Antonio Sánchez, presidente de Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

En 2011, los talleres de la Comunitat enviaron a los desguaces 200 vehículos que habían sido abandonados en sus instalaciones, según las estadísticas de Ganvam. Se trata de coches averiados cuyos dueños nunca vuelven a por ellos. Y los mecánicos se quedan con el arreglo efectuado pero sin poder cobrar la factura.

Retirar los vehículos

«Estos casos de impago y abandono van en aumento. Justamente la Ley de Seguridad Vial incluye desde hace dos años un procedimiento jurídico para garantizar la retirada de estos vehículos», explica el director técnico de la Asociación de Desguaces de la Comunitat Valenciana (Adecova), Pere Anrubia.

Tras un plazo de tres meses, el mecánico puede dirigirse a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente para resolver la situación. Este órgano se pone en contacto con el propietario para avisarle de que si no hace frente al impago, su vehículo irá al desguace.

Tras ese aviso de Tráfico algunos conductores regresan al taller, pagan la factura y recogen su vehículo. Aunque no surge efecto en todos. «El año pasado se enviaron al desguace 1.200 vehículos en toda España. De ellos, 200 en la Comunitat», explica Sánchez.

De hecho, la valenciana se sitúa a la cabeza de vehículos abandonados, con la misma cantidad que Madrid y sólo por detrás de Andalucía. El director técnico de Adecova recuerda que siempre se entrega un «certificado de destrucción» del vehículo que acredita el procedimiento.

Desde Ganvam estiman que estos 200 abandonos supusieron para los talleres unas pérdidas de unos 350.000 euros. «Además de los gastos derivados de la reparación y la mano de obra con los que nadie va a cargar, hay que extraer de nuevo los recambios utilizados para no perderlos y se ocupa un espacio ocupado en las instalaciones que resta productividad», apuntan.